Todos los medios coincidían en decir que este curso había aumentado la matrícula en FP, pero no decían que según las perspectivas al final de esta década habrá un déficit de 200.000 titulados en Formación Profesional.
El déficit en titulaciones se encuentra en la Educación Infantil, algunas especialidades sanitarias y sociosanitarias, transportes y distribución, y las relacionadas con empleos verdes -agricultura ecológica o energías renovables- que exigirá reforzar la oferta formativa en este tipo de cualificaciones por las perspectivas de inserción profesional.
Todos estos datos los encontramos en la muy reciente publicación por el Ministerio de Educación del Mapa de la oferta de Formación Profesional, quizá sea el momento de instar a las administraciones con responsabilidad en estas enseñanzas a que tengan en cuenta las aportaciones incluidas en el documento. La FP es prioritaria para el desarrollo económico, por lo que urge actuar en todas las direcciones.
El Mapa refleja el ajuste de la oferta y matrícula en los ciclos formativos de los títulos, los niveles de inserción laboral de las titulaciones y otros datos de interés, a fin de que las administraciones educativas elaboren una oferta formativa capaz de responder a las demandas de la sociedad y reorientar nuestro modelo de crecimiento económico.
Otra conclusión es la escasa correlación entre el número de titulados técnicos y el de trabajadores de los sectores productivos. Por ello se deben extender los procesos de acreditación de experiencia en relación con la cualificación profesional e impulsar la formación complementaria que permita a los trabajadores alcanzar una titulación que les facilite la actualización y la movilidad en el mercado laboral.
Dado el desajuste en la oferta, fundamentalmente en los ciclos formativos de Grado Medio, es necesario establecer criterios consensuados y objetivos que, además de fomentar las posibilidades de realizar la formación en la empresa, dentro del entorno productivo, y de inserción laboral, favorezcan la apuesta estratégica por sectores productivos o la movilidad. Esto exigirá un consenso entre todas las administraciones educativas a fin de garantizar la atención de los ciudadanos y el desarrollo económico en los respectivos ámbitos autonómicos.
Del documento se infiere la necesidad de potenciar los servicios de Información y Orientación Profesional para que la población conozca la oferta formativa y las posibilidades de formación, titulaciones y los procesos de acreditación de la experiencia profesional, y además se establezcan los itinerarios formativos individuales para el desarrollo de la carrera profesional de las personas.
Por lo tanto es imprescindible una actuación conjunta de las administraciones educativas y laborales, con la participación de los agentes sociales, para adoptar medidas que ayuden a dotar a la población de la formación necesaria que contribuya a reorientar el modelo de crecimiento económico.
Es preciso analizar infraestructuras, formadores y presupuestos dedicados a la FP para optimizar recursos de manera que respondan a las necesidades de los jóvenes en edad escolar y a las personas adultas y que este estudio se realice desde las CCAA priorizando la oferta, de acuerdo con las demandas sociales y los entornos productivos, atendiendo las necesidades específicas.
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