Galicia, centro de decisión ¿para decidir qué?

Yo no sé dónde estuvo el centro de decisión para que el atunero del Índico pueda volver a faenar ¿usted sí? ¿Londres, Nairobi, Madrid, Bermeo, Vigo...? La verdad es que a estas alturas del culebrón, me importa poco. Pero el caso es que estamos inundados de opiniones que no hacen más que reclamar que no sé qué centros de decisión se queden en Galicia; se están refiriendo a un supuesto poder financiero, a las cajas de ahorro; no es poder económico, es poder político. Hasta últimamente el gurú de los magnates, el adalid de la libertad de comunicación en Galicia, semeja una suerte de nacionalista de andar por casa que pontifica con máximas propias del populismo, del de siempre, del que se cree por encima del bien y del mal. Yo no sé cuál es su experiencia con bancos y cajas, pero si se parece en algo a la mía, será que vieron a sus más próximos acogotados con el pago de los préstamos concedidos por la caja de la esquina al tipo de interés más alto del mercado y sin posibilidad de negociación y donde digo caja, digo banco, que tanto monta. Seguro que en un momento determinado, en el de la hipoteca, procuraron tantear una especie de negociación con la caja de turno a la hora de comprar dinero, les siguieron un poco la corriente, pero al final fueron extorsionados con mayor o menor delicadeza. Les dejaron algo de dignidad para farolear en la tertulia del bar, pero le exprimieron hasta la última gota. Todo con mucho centro de decisión en el país ¡faltaría más! Y que no me vengan con la obra social, es todo pura parafernalia de evasión fiscal y de directivos que engordan por la vía del accionariado en los bancos o por la vía de los dividendos de las empresas participadas y financiadas con sus depósitos, señor gallego. Hay que ver cómo se les llena la boca al hablar del país, como si existiera; ni aquí ni en Madrid hay ningún centro de decisión que no sea por delegación y con poderes más que limitados. Hay que dejarse de historias: o hay globalización o no la hay, las cajas o bancos supuestamente gallegos andan buscando caladeros, como los del atún, por los cuatro puntos cardinales, su misión es garantizar los depósitos de sus cuentacorrentistas y si para eso hace falta invertir en ladrillo en Túnez, se invierte. Desengáñense, no hay bancos o cajas del país, el nombre no confiere existencia, no es más gallega una caja por su nombre o no es menos catalana otra por expandirse hasta ser la primera o qué me dicen de la pelea por el control de la madrileña ¿hay algo de geografía? Lo que se está jugando es el papel de sus dirigentes en la política del país, eso sí, ahí sí que aprieta el calcetín, no es lo mismo que el político nombre al banquero que el banquero nombre al político; pero, que no le engañen, a usted la hipoteca le costará lo mismo, que su voto no se vea condicionado por realidades virtuales de un país. Sí, realidades que anuncian que dentro de diez años sólo cuatro de cada diez gallegos estarán en edad de trabajar, réstenles incapacitados voluntarios o forzosos y se encontrarán que viven en un parque temático, con mucho centro de decisión; pero sin nada sobre lo que decidir.

¿Un ERE para el gallego o un céntimo lingüístico?

Todos los idiomas son una industria y el que se atreva a negarlo que tire la primera piedra. Podría ser que tuviesen los mismos problemas que todas las industrias y las mismas soluciones que todas las industrias. Pero no se crean que hablamos sólo de la industria cultural o editorial, de la industria educativa o de la cinematográfica, de la industria radiofónica o televisiva. Estamos hablando de algo más amplio, extenso y complejo. Seamos claros, aquí del asunto de los idiomas vive mucha gente, como mucha gente vive del aluminio, del juego o de la hostelería y todo esto independientemente de que cada una de esas personas ame la ruleta, la cocina o la carpintería metálica más que a la madre que lo parió. Pero el idioma, como cualquier industria, depende del mercado, de la oferta y de la demanda, puede ser triste pero es así. Los que no lo quieren dejar todo ad libitum saben que al mercado hay que introducirle mecanismos correctores de los desequilibrios que conlleva para que los que no tengan acceso a las prestaciones básicas, les sean garantizadas por el Estado. Por eso el Estado legisla y cada año propone unos presupuestos que se votan y se ejecutan, para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, por eso, en Galicia, pagamos un céntimo sanitario; es decir, el combustible que compramos está gravado con un céntimo para cubrir el déficit del Sergas. ¿Sería descabellado proponer un impuesto especial para sufragar los gastos lingüísticos? Pero el Estado también tiene otros mecanismos legislativos para tratar de evitar las debacles industriales. Por ejemplo, cuando una empresa entra en crisis porque no vende, porque no puede soportar los gastos salariales, porque los proveedores no le suministran, porque los costes energéticos son insalvables? tiene varias soluciones, puede proponer a sus trabajadores un ERE, una regulación de empleo, puede proponerles una rebaja salarial o puede acudir a un concurso de acreedores. Aunque también puede acudir a proponer reformas y apoyos económicos como en el caso de la construcción, la banca, el automóvil o la lata de atún deslocalizada en el Índico que nos sale a precio de oro. Todo indica que la proliferación de las múltiples plataformas lingüísticas da a entender que el gallego tiene problemas de supervivencia, se le puede tratar como al lince ibérico en peligro de extinción o como a una empresa en crisis a punto de entrar en ERE; pero también podríamos repensar si la legislación en vigor desde 1981, 1983 y 2004 es la adecuada. Los sectores de progreso, los que cultivan el método científico, deberían ser autocríticos y preguntarse si todas esas normas han llegado a la ciudadanía y le han servido para algo; podría ser que el abismo existente entre los intereses y voluntades de los dirigentes sociales y las necesidades populares sea más grande que lo que pensamos y haya un mundo virtual, ajeno a las guerras lingüísticas, en el que viven aisladas las opciones políticas radicalizadas para pescar mejor en el río revuelto. Se hacen continuos llamamientos al consenso político perdido desde la ley de normalización o el decreto del gallego, pero la sociedad civil ya había llegado antes a sus propios acuerdos de convivencia sin contar con sus preclaros gurús. Si dejamos que todo fluya, seguramente no harán falta ERE ni céntimos suplementarios en los impuestos.

Atenea y el espectrómetro no viven como gallegos

Atenea, Azenaia, nació de Zeus, de su cabeza abierta por un hachazo. Desde entonces, armada de pies a cabeza, vela por las Ciencias, aunque parece que este rincón del noroeste le quedó olvidado. Pese a que ahora está de moda vivir como gallego, ahora que resulta que el banco más viejo del lugar, el que lleva más tiempo exprimiendo las cartillas de los abuelos, se galleguiza por mercadotecnia; ahora que se llora por la galleguidad de las cajas al tiempo que se les echa en cara el dinero invertido en ladrillo levantino en vez de en leiras del país, este hombre no sé yo si quiere vivir como gallego o qué le pasó por la cabeza. Me refiero al investigador de la UDC -sí la universidad de aquí, la mejor de La Coruña-, para abandonar los Estados Unidos de América con un futuro seguro como científico de prestigio, de universidad en universidad, con todos los medios a su alcance, para dar con sus huesos aquí. Pues bien, sabrán que ese hombre salió un día a formarse como geólogo por el mundo adelante y, ya consolidado en la comunidad científica, se le ofrece la posibilidad de venir a esta Universidad a seguir trabajando y, de mil amores, se ofrece a partirse las neuronas en sus proyectos de investigación. El bueno del hombre encuentra acogida en el Instituto Xeolóxico Parga Pondal y consigue fondos europeos y nacionales -nada gratis, todo bien justificado- para financiar un artilugio cuyo nombre no me atrevo a repetir, porque eso de medir espectros suena a encuentros en la tercera fase, viajes en el tiempo? incluso alguna foto publicada semejaba algún túnel por el cual se transmutasen las partículas, brujería fina al fin y al cabo. Lo de menos es que el cacharro costase un millón de euros, que haya ocho en todo el mundo y que si el bueno de su usuario pilla la gripe no hay un interino en toda Europa que le cubra la baja. Pues bien, todo parece indicar que si no resucitan Ramón y Cajal, Severo Ochoa o el mismísimo Parga Pondal este buen hombre se verá obligado a marcharse y su maquinillo será saldado en una feria de segunda mano. Las razones son de lo más peregrino a los ojos de cualquier lego, son puramente administrativas y burocráticas. Nos están rompiendo la cabeza con la ley de la ciencia en proyecto y resulta que no hay un duro para la investigación, que va a ser la cenicienta de los presupuestos de la crisis en todas las administraciones. Los investigadores tendrán que irse otra vez y que les saquen jugo los países listos, que aquí no hay normas ni reglamentos para que se les pague el sueldo cutre con el que se les mantenía hasta ahora, y que conste que yo creo que les da lo mismo que les pague la universidad, la Xunta o el arzobispo. Si supiesen hablar portugués y jugar al fútbol sería otra cosa. Siempre pensamos que eran los poetas, los autores teatrales, los que se morían en la indigencia real o moral, pero sigue habiendo desgraciados también entre los descendientes de Atenea.

Gabilondo ¿camina o revienta?

La semana pasada el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sorprendió a la audiencia en los maitines informativos con lo que algunos calificaron como ¡otra ocurrencia! Hablaba el ministro de la posibilidad de ampliar la escolarización obligatoria a los 18 años, como otros países europeos -Portugal entre ellos-; los primeros comentaristas de su propuesta, hecha sin voluntad de inmediatez, son absolutamente ignorantes de que este debate ya es por lo menos tan viejo como el de la LOE, ley que nació coja de presupuestos, como todas. Entonces ya se discutió la posibilidad de esta ampliación, como también se debatió la posibilidad de hacer obligatorio el ciclo de 3 a 6 años, ya prácticamente universalizado. A partir de la supuesta ocurrencia comienzan las especulaciones sobre qué es lo que propone el ministro; como las explicaciones han sido más bien parcas, especulemos un poco con las posibilidades. ¿Cuántos y qué alumnos no están escolarizados hasta los 18 años? La respuesta requiere una pregunta más matizada, porque la madre del cordero está en el adverbio que falta: BIEN, es decir, el problema es si están bien o mal escolarizados. Un alumno normalmente termina a los 17 años su bachillerato con unas expectativas más o menos claras puestas en una titulación universitaria o en un ciclo formativo, las cosas le saldrán según su esfuerzo, sus habilidades, los recursos familiares, las becas o los profesores desaprensivos que se haya encontrado en su camino. Convengamos que aquí entra la mitad de la población escolar sujeta a debate, sabemos también que un porcentaje menor fracasa en la ESO, a los 16 y a trancas y barrancas, con Programas de Diversificación Curricular alcanza la titulación para entrar en un Ciclo de grado medio de FP. Seguramente no el de sus deseos, seguramente no el que tenga salida profesional en su entorno inmediato, pero está escolarizado ¿De quién hablamos entonces? Podemos estar hablando de la posibilidad de volver al bachillerato de tres años, que los profesores del pasado BUP añoran y los de la universidad echan en falta. También podemos hablar de la posibilidad de hacer el bachillerato en 2 ó 3 años, sin fomentar el fracaso voluntario y favoreciendo el esfuerzo de quien no alcance el rendimiento medio. Pero seguramente estamos hablando del fracaso de verdad del que fracasa en secundaria, del que ya no supera la primaria porque no ha tenido los apoyos suficientes. Pero claro, no faltará quien ya esté en estos momentos clamando por la limpieza de supuestos indeseables, de gandules redomados, de discapacitados, retrasados escolares, de inmigrantes, de las aulas de la secundaria y que allí sólo queden JBSP, es decir, jóvenes blancos sobradamente preparados. Las administraciones han de poner todos los medios para que a los 18 años el mayor porcentaje de la población haya superado la secundaria y tenga las herramientas y la oferta necesaria para encauzar su futuro laboral. La teoría ya está inventada, no hay que modificar leyes, hay que hacer realidad el apoyo a la diversidad, con los medios necesarios, hay que potenciar los PCPI, para formar alumnado capaz de terminar con éxito la FP y que no se conviertan en almacenes de fracasados del sistema. El ministro Gabilondo camina, al parecer, por esa senda, puede ser que reviente solo o que las comunidades autónomas, que son las que mandan, le revienten las propuestas. Si logra alcanzar el Pacto por la Educación será buena señal.