¿Un ERE para el gallego o un céntimo lingüístico?

Todos los idiomas son una industria y el que se atreva a negarlo que tire la primera piedra. Podría ser que tuviesen los mismos problemas que todas las industrias y las mismas soluciones que todas las industrias. Pero no se crean que hablamos sólo de la industria cultural o editorial, de la industria educativa o de la cinematográfica, de la industria radiofónica o televisiva. Estamos hablando de algo más amplio, extenso y complejo. Seamos claros, aquí del asunto de los idiomas vive mucha gente, como mucha gente vive del aluminio, del juego o de la hostelería y todo esto independientemente de que cada una de esas personas ame la ruleta, la cocina o la carpintería metálica más que a la madre que lo parió. Pero el idioma, como cualquier industria, depende del mercado, de la oferta y de la demanda, puede ser triste pero es así. Los que no lo quieren dejar todo ad libitum saben que al mercado hay que introducirle mecanismos correctores de los desequilibrios que conlleva para que los que no tengan acceso a las prestaciones básicas, les sean garantizadas por el Estado. Por eso el Estado legisla y cada año propone unos presupuestos que se votan y se ejecutan, para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, por eso, en Galicia, pagamos un céntimo sanitario; es decir, el combustible que compramos está gravado con un céntimo para cubrir el déficit del Sergas. ¿Sería descabellado proponer un impuesto especial para sufragar los gastos lingüísticos? Pero el Estado también tiene otros mecanismos legislativos para tratar de evitar las debacles industriales. Por ejemplo, cuando una empresa entra en crisis porque no vende, porque no puede soportar los gastos salariales, porque los proveedores no le suministran, porque los costes energéticos son insalvables? tiene varias soluciones, puede proponer a sus trabajadores un ERE, una regulación de empleo, puede proponerles una rebaja salarial o puede acudir a un concurso de acreedores. Aunque también puede acudir a proponer reformas y apoyos económicos como en el caso de la construcción, la banca, el automóvil o la lata de atún deslocalizada en el Índico que nos sale a precio de oro. Todo indica que la proliferación de las múltiples plataformas lingüísticas da a entender que el gallego tiene problemas de supervivencia, se le puede tratar como al lince ibérico en peligro de extinción o como a una empresa en crisis a punto de entrar en ERE; pero también podríamos repensar si la legislación en vigor desde 1981, 1983 y 2004 es la adecuada. Los sectores de progreso, los que cultivan el método científico, deberían ser autocríticos y preguntarse si todas esas normas han llegado a la ciudadanía y le han servido para algo; podría ser que el abismo existente entre los intereses y voluntades de los dirigentes sociales y las necesidades populares sea más grande que lo que pensamos y haya un mundo virtual, ajeno a las guerras lingüísticas, en el que viven aisladas las opciones políticas radicalizadas para pescar mejor en el río revuelto. Se hacen continuos llamamientos al consenso político perdido desde la ley de normalización o el decreto del gallego, pero la sociedad civil ya había llegado antes a sus propios acuerdos de convivencia sin contar con sus preclaros gurús. Si dejamos que todo fluya, seguramente no harán falta ERE ni céntimos suplementarios en los impuestos.