Podríamos exportar mucha más chacina de calidad, pero los mercados no nos la quieren ni regalada, por muy competentes que sean nuestros ejemplares en sus habilidades. Siguen prefiriendo que les mandemos doctores, licenciados y graduados bien preparados para que se beneficien de ellos en otros países; seguramente ahora habría que animar a nuestras mentes preclaras para que planeasen la exportación masiva de más carne joven bien formada; pero para llegar a ese objetivo, las universidades tendrían que estar mejor dotadas, mas estamos poniendo en peligro el relevo generacional del personal docente e investigador por no reponer las jubilaciones; incluso la Hacienda pública podría poner un canon y decirle a Canadá, es un decir, que si te quieres llevar a esta investigadora, paga lo que me debes. Ya en serio, el problema es que sí pagan a muchos de nuestros titulados para que puedan solo sobrevivir y ejercer su profesión produciendo resultados de los que ellos sacan beneficio. No quiero abrumarles con números, pero en los últimos 4 años dejamos de invertir 1500 millones (solo invertimos el 0,8% del PIB, a pesar de que presuntamente sigue creciendo). Hemos retrocedido a los niveles del 2006 y eso que ya estamos despegando y saliendo de la crisis por decreto.
El último informe de Eurydice revela que solo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda o el 100% de los casos en Finlandia o Luxemburgo. España se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría.
Además, el gasto medio por alumno cae un 25,2%, 1.279 menos por estudiante. En el caso del personal las alarmas saltan. Entre enero de 2012 y enero de 2014, 5.669 profesores y 2.455 miembros del personal de administración y servicios han perdido su trabajo. Por otro lado, la caída de la financiación de la I+D nos separa cada vez más de Europa. Hemos pasado de invertir el 1,40% del PIB en 2010 al 1,24% en 2013, según el avance de datos correspondiente a 2014.
En este contexto, se han paralizado los planes plurianuales de inversión y el capítulo dedicado a nuevas construcciones, reparaciones, compras, proyectos de investigación, etc. ha perdido más de 832 millones de euros, el 56% del total de los recortes se ha producido en esta partida de gastos.
En definitiva, la reducción de los presupuestos destinados a la Educación Superior por parte de las administraciones está dificultando el desarrollo de las funciones que la ley. Mientras la Conferencia General de Política Universitaria sigue sin cumplir con algunas de sus funciones principales: la elaboración de un informe sobre la situación del sistema universitario y su financiación y la formulación de propuestas que permitan mejorar su calidad y eficiencia, asegurando su suficiencia financiera, así como garantizar a los ciudadanos las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
Mientras tanto seguimos entretenidos por las gracietas de Bárcenas y sus compañeros de charcutería.
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