http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2012073100_5_632383__Opinion-Olimpiadas-inmoralidad
Parece que tiene que morir un maestro de la ética ciudadana como Peces-Barba y que se amontonen en los periódicos las laudatios en las crónicas y obituarios, para que se nos enciendan los pilotos de alarma sobre los límites de lo que es aceptable, lo que estamos aceptando ya como inevitable y hasta dónde podemos llegar considerando éticamente correctas determinadas conductas.
Quizá sea en la administración de justicia y lo que la rodea en la que estemos soportando, como inevitables, sentencias que, si nos parásemos a reflexionar, darían para un rato. Por ejemplo, acabamos de ver lo que vale una vida humana para un astillero pontevedrés que después de haber sido claramente advertido de que no cumplía las mínimas medidas de seguridad y prevención, ocurre lo evitable, la muerte de un trabajador electrocutado, su vida, en primera instancia vale dos años y nueve meses de prisión, veremos lo que se cumple de esta condena.
A muy pocas fechas se tiene conocimiento de otra sentencia, también pontevedresa, en la que tres delegados sindicales son condenados a más de tres años de prisión porque durante la huelga del comercio fueron requeridos por empleadas de un supermercado para que informaran, lo hicieron de forma pacífica, con testigos presenciales e incluso recomendando a una trabajadora eventual que no secundara la convocatoria, porque se podrían tomar contra ella represalias, ilegales, pero represalias y perder el puesto de trabajo. Para el tribunal y para la empresa todo puede ser mentira y, sin demostrar ningún tipo de violencia, coacción, se da por supuesto que los testimonios son falsos y las víctimas ya son reos pendientes de que se sea ejecutada la condena. La misma vara de medir, no me digan que no es para coger la vara y hacer astillas con ella para encender un fuego que queme algo, no sé muy bien qué, pero aquí el fuego ha de purificar, una especie de cachela de San Juan permanente que espantase actuaciones contradictorias.
Al mismo tiempo estábamos viendo, no ante los tribunales, como sería lo razonable; sino que lo vemos ante una amable comisión parlamentaria a la que son invitados los actores de la revuelta bancaria que nos deja perplejos un día sí y otro también, pero nuestras tragaderas ya han cedido tanto que comulgamos con el molino entero, las ruedas son una fruslería; el señor Gayoso puede permitirse decir que él pasaba por allí y que no vio nada, que allá rositas con el Consejo de Administración y que de dinero, faltaría más, ni flores, nadie le puede preguntar por qué cobra caso 700.000 euros de pensión ¿no se los pagará la Seguridad Social, espero?, y Fernández Ordóñez y Rato con su ping-pong con el gobierno.
Dívar, ya no se acuerdan de él, de aquel responsable del poder judicial que nos ilustraba con la facilidad de encontrar y testear lo mejorcito de la guía Michelin a costa de usted. Bien, se fue, no devolvió nada y le toca una indemnización de 200.000 euros ¿pero qué daño le han hecho los españoles a este señor para que tengamos que indemnizarlo?
Bauzá, presidente de Baleares, toma posesión y se olvida de las empresas que tiene en propiedad, entre ellas una farmacia, en su declaración patrimonial de bienes. ¿Si usted tuviese una farmacia, se le pasaría por la cabeza semejante amnesia selectiva?
En fin, don Gregorio, ¿para qué seguir? Podría parecer que su paso por el mundo fue inútil y nada más lejos de mi intención.
Parece que tiene que morir un maestro de la ética ciudadana como Peces-Barba y que se amontonen en los periódicos las laudatios en las crónicas y obituarios, para que se nos enciendan los pilotos de alarma sobre los límites de lo que es aceptable, lo que estamos aceptando ya como inevitable y hasta dónde podemos llegar considerando éticamente correctas determinadas conductas.
Quizá sea en la administración de justicia y lo que la rodea en la que estemos soportando, como inevitables, sentencias que, si nos parásemos a reflexionar, darían para un rato. Por ejemplo, acabamos de ver lo que vale una vida humana para un astillero pontevedrés que después de haber sido claramente advertido de que no cumplía las mínimas medidas de seguridad y prevención, ocurre lo evitable, la muerte de un trabajador electrocutado, su vida, en primera instancia vale dos años y nueve meses de prisión, veremos lo que se cumple de esta condena.
A muy pocas fechas se tiene conocimiento de otra sentencia, también pontevedresa, en la que tres delegados sindicales son condenados a más de tres años de prisión porque durante la huelga del comercio fueron requeridos por empleadas de un supermercado para que informaran, lo hicieron de forma pacífica, con testigos presenciales e incluso recomendando a una trabajadora eventual que no secundara la convocatoria, porque se podrían tomar contra ella represalias, ilegales, pero represalias y perder el puesto de trabajo. Para el tribunal y para la empresa todo puede ser mentira y, sin demostrar ningún tipo de violencia, coacción, se da por supuesto que los testimonios son falsos y las víctimas ya son reos pendientes de que se sea ejecutada la condena. La misma vara de medir, no me digan que no es para coger la vara y hacer astillas con ella para encender un fuego que queme algo, no sé muy bien qué, pero aquí el fuego ha de purificar, una especie de cachela de San Juan permanente que espantase actuaciones contradictorias.
Al mismo tiempo estábamos viendo, no ante los tribunales, como sería lo razonable; sino que lo vemos ante una amable comisión parlamentaria a la que son invitados los actores de la revuelta bancaria que nos deja perplejos un día sí y otro también, pero nuestras tragaderas ya han cedido tanto que comulgamos con el molino entero, las ruedas son una fruslería; el señor Gayoso puede permitirse decir que él pasaba por allí y que no vio nada, que allá rositas con el Consejo de Administración y que de dinero, faltaría más, ni flores, nadie le puede preguntar por qué cobra caso 700.000 euros de pensión ¿no se los pagará la Seguridad Social, espero?, y Fernández Ordóñez y Rato con su ping-pong con el gobierno.
Dívar, ya no se acuerdan de él, de aquel responsable del poder judicial que nos ilustraba con la facilidad de encontrar y testear lo mejorcito de la guía Michelin a costa de usted. Bien, se fue, no devolvió nada y le toca una indemnización de 200.000 euros ¿pero qué daño le han hecho los españoles a este señor para que tengamos que indemnizarlo?
Bauzá, presidente de Baleares, toma posesión y se olvida de las empresas que tiene en propiedad, entre ellas una farmacia, en su declaración patrimonial de bienes. ¿Si usted tuviese una farmacia, se le pasaría por la cabeza semejante amnesia selectiva?
En fin, don Gregorio, ¿para qué seguir? Podría parecer que su paso por el mundo fue inútil y nada más lejos de mi intención.
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