De la anarquía y la desobediencia

No estamos en el aniversario de las barricadas del 68, ni vivimos un período prerrevolucionario, ni tratamos de quitarnos de encima a ningún dictador que esté en riesgo de extinción? Sin embargo desde todas las esquinas nos llegan llamamientos a la rebelión, a la desobediencia civil, a la reacción contra el poder establecido; a veces parece como si uno hubiese consumido alguna pócima mágica y rejuvenecedora, que le llevase a los veinte años de nuevo y tuviese carta blanca para despotricar contra gobiernos y preparar la huelga general contra todo y contra todos. Si la situación económica fuese todo lo grave que señalan las cifras de paro, de crecimiento, de productividad? sin duda todos esos marcadores nos llevarían a la revuelta popular, al asalto a los supermercados; pero no ocurre así, está funcionando la relación tribal y familiar. Están funcionando los poderosos instintos protectores de los próximos, los que llevan a que los económicamente estables sirvan sostén a la prole durante mucho más tiempo. Es aquí, en este contexto, en el que agitadores como Esperanza Aguirre llaman a la desobediencia, al boicot al IVA, a no pagar impuestos, sin ponerse colorada, siendo como es una gestora, recaudadora y derrochadora del dinero público. En un arranque de chulería dice que renuncia en nombre de los madrileños a la parte del IVA que le correspondería; muy cuca ella, a sabiendas que las comunidades autónomas trincan poco de ese pastel fiscal. Su bravuconada calculada sabe que sólo les costará a los ciudadanos 36 millones. Bien se lo puede permitir y gastárselo en titulares de chulapa. No veo a los madrileños siguiéndola, como el 2 de mayo al de Móstoles contra los franceses, pero seguro que tendrá rédito electoral. Otro caso más cercano quiero comentarles, también tiene como fondo la llamada a la desobediencia de las leyes y tiene que ver con la legislación educativa sobre el gallego. Aún dejando claro que mi pensamiento personal cada vez se reafirma más en la idea de que poco efectivas son las leyes que se vinieron dictando desde hace treinta años para conseguir objetivos tan difusos como la normalización lingüística; y además, siendo consciente de que, a poco que se observase, todos coincidirían en que mínimo caso se les hizo por parte de quienes habrían de seguirlas a rajatabla. Es decir, mayoritariamente hubo un seguimiento flexible, a nadie se le llevó al paredón por usar el gallego más lo que la norma marcaba y se tuvo cierta vista gorda en casos en los que la convivencia de ambas lenguas se regía por el sentido común. Ahora el Gobierno se empeñó en reformar la norma y así darle cuartelillo electoral a sus adversarios más cómodos, a los nacionalistas. Empecinados ambos en posturas aparentemente irreconciliables y obviando toda solución, cercana a ambos, que fuese fruto del consenso, practican la retroalimentación, llegando al extremo de que, sin estar en vigor la nueva norma, ya se está llamando a la revuelta popular y a que se practique la desobediencia y se use el gallego en la docencia sin más criterio que el que a uno le salga de sus antojos. Lógicamente, el que quiera argumentar después que él sólo usa el castellano porque le sale de los mismos argumentos, tendrá las mismas razones