Estado y mercado en las escuelas

Estos días la gestión educativa vuelve a estar en el candelero, son varios los factores que contribuyen a tal disposición, en primer lugar y como todos los años estos son los momentos en los que los padres de los niños y niñas de tres años buscan la mejor opción para escolarizar a sus criaturas siguiendo variados criterios, a saber, la confesión religiosa o laica del centro, los servicios de comedor o de atención temprana, la distancia al domicilio familiar, laboral o de los abuelos; cualquiera de ellos es válido, pero pocos son los que pueden escoger en realidad y con conocimiento consciente del producto a su alcance, puesto que en la mayor parte de los casos se busca un buen albergue donde se puedan aparcar los críos mientras la casa está vacía por motivos laborales. En este periódico veíamos el viernes el estado de la demanda de matriculación en los centros de la ciudad y saltaban a la vista un par de detalles, los centros públicos aportaban todos los datos de peticiones u ofertas de forma que sabemos los que tienen más de una cosa o de la otra y, por el contrario, los concertados -un buen puñado de ellos- ocultaban esta información. Con todos los respetos esto es intolerable, evidentemente no tienen obligación de decir la verdad a este periódico, ni siquiera de contestarle, pero siendo centros escolares sostenidos íntegramente con fondos públicos, tal actitud hace sospechar que esa falta de transparencia, ese oscurantismo, esa opacidad también se ponen de manifiesto ante la administración y los criterios de matriculación -los mismos legalmente para ambas redes- se los pasan por el arco de triunfo los reverendos y reverendas y algún laico camuflado que también quiere seleccionar a sus pupilos según el saldo de la cuenta corriente de sus papás. También estos días sale en los papeles la escasez de voluntarios en los centros públicos para hacerse cargo de los equipos directivos. La verdad es que son pocos los incentivos, escasa la recompensa social, menguado el apoyo institucional y abundante el trabajo como para que un docente deje parcialmente su trabajo para dedicarse a la burocracia y a la dirección, es decir, hay un problema de gestión de personal y dineros públicos que tampoco se hace de forma idónea, ¿con total transparencia? Sin duda, pero sin la eficacia debida. Seguramente el Estado, las administraciones, han de repensar la función de los profesionales que se dedican a la gestión educativa; nuevos perfiles dotados de autonomía suficiente para la gestión de los recursos y la configuración de equipos cohesionados, con criterios de eficacia, que sean objetivamente evaluados y recompensados. En resumen, van tomando cuerpo aquellas ideas de los que piensan desde hace tiempo que el Estado ha de entrar a saco en la escuela concertada para garantizar que el dinero público se utiliza de forma correcta y no clientelar, que los preceptos legales son los que rigen por encima de idearios privados, que se garantiza la no discriminación en el momento de la matrícula y la igualdad de oportunidades. Asimismo, el mercado, los criterios de una buena empresa consciente de su responsabilidad social corporativa, han de entrar en la escuela pública, la competencia entre quienes, en igualdad exquisita de oportunidades y recursos, tengan voluntad de alcanzar metas que compensen esfuerzos y puedan ofrecer a la sociedad sus resultados sin complejos.